El próximo 27 de junio tendremos a la venta ‘El silencio de las leyes’, un ensayo sobre el estado de la justicia en España que firma el jurista cántabro Eduardo González López. La obra configura la duodécima entrega de la colección Texto Insólitos, que coordinan Rafael Manrique, Carlos Rodríguez-Hoyos y Adelina Calvo Salvador.
¿De qué va la obra?
Es palmario que la justicia soporta una carga de trabajo difícil de digerir lo que no solo pone en riesgo el derecho, sino que provoca cansancio tanto en los ciudadanos, como en los partícipes de la justicia. La crisis del poder judicial es tan solo una de las señales de agotamiento que el sistema político institucional nos viene lanzando desde finales del sigllo XX.
La prueba está en las dos recesiones que el sistema ha tenido que hacer frente desde inicios del siglo XXI y que socialmente estamos lejos de superar. Nadie valora el coste que ha tenido la aplicación de los sistemas clásicos de solución de conflictos en la sociedad generados durante las crisis. De forma más profunda en la sanidad, la educación y los servicios sociales. En una crisis se eligió la contracción y en esta última la expansión, lo cual ya encierra una contradicción. Pero en ambos casos los efectos van a perdurar por generaciones.
En el texto se parte en un plano inferior de la aplicación práctica de la ley en las cuatro jurisdicciones para intentar identificar cuáles son y de dónde proceden sus males. Preguntar si somos los prácticos del Derecho o no los responsables de que la administración de justicia sea percibida por la sociedad de una forma no muy favorable. O si justicia y sociedad tienden puentes en la época contemporánea o se alejan cada vez en mayor medida.
Se utiliza un lenguaje sencillo, no jurídico, para tratar de buscar la razón, por ejemplo, del porqué el ciudadano considera que los procesos administrativos son difíciles de entender y llevar a la práctica, y si es cierta la percepción de que el lenguaje jurídico y la burocracia le apartan finalmente de su solicitud.
Valorar si es el Estado como sistema político institucional el responsable de la situación de la justicia, o si la justicia es parte del Estado por intereses meramente políticos. O el por qué no se ha avanzado en la práctica hacia sistemas nuevos de solución de conflictos que pudieran proporcionar otras respuestas a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Entre otras razones España incumple los compromisos que suscribe al respecto y no adapta su legislación.
O la inaplazable cuestión de si la Constitución Española contiene la real distribución de poder del Estado español tanto en su vertiente interna como en la externa; son cuestiones pendientes de resolver en España, pero en derecho comparado ya se están planteando debates similares. Los problemas lejos de solucionarse se silencian, pero tras las crisis vividas nadie puede poner en duda ya por ejemplo la necesidad de una dirección profesionalizada y técnica en la administración pública. Los ciudadanos nos sentimos desplazados de los procesos decisorios, y abandonados a nuestra suerte. Han sido los jueces y la prensa los que han aguantado el envite, pero el barco ha estado a punto de naufragar.
Creemos desarrollarnos en una democracia plena pero quizá no conocemos donde se ubica el poder realmente y quien/quienes lo ejercen. Ni siquiera ahora mismo cual es la última instancia judicial dentro de nuestro sistema analógico codificado napoleónico.
La aparición en un mundo multipolar de nuevos actores, que no se someten en la toma de decisiones a procesos democráticos hace necesario, para avanzar en el ejercicio de la soberanía por los ciudadanos y en el conocimiento del funcionamiento de los centros de poder, una reforma estructural de un sistema a punto de caducar.
Mentalmente estamos ligados a una democracia clásica en su concepción, pero esta idea no se sostiene.
